Cuando los bancos son los que roban

Por Amy Goodman

Los grandes bancos que ocasionaron la crisis del mercado financiero mundial y que recibieron decenas de miles de millones de dólares en subsidios financiados por los contribuyentes se encuentran posiblemente involucrados en un sin número de fraudes contra propietarios y tribunales. Esta semana, sin embargo, ha sucedido algo prometedor. Los fiscales generales de los cincuenta estados del país anunciaron una investigación bipartita conjunta sobre los fraudes llevados adelante en los juicios por ejecuciones hipotecarias.

Bank of America, JPMorgan Chase, GMAC y otros grandes bancos que otorgan préstamos hipotecarios suspendieron los juicios de ejecución tras haberse hecho público que los procesos de ejecución se llevaban a cabo como si se tratara de una “fábrica de ejecuciones hipotecarias” en la que decenas de miles de documentos eran firmados por personal subalterno con escaso o ningún conocimiento de lo que firmaba.

Aún ante esta evidencia, el gobierno de Obama señaló que no apoyaba una moratoria nacional de las ejecuciones hipotecarias y poco después de esa declaración, el Bank of America anunció que proseguiría con los juicios de ejecución. GMAC hizo lo mismo y seguramente habrá otros que se les sumarán. Se acabó la moratoria voluntaria.

GMAC Mortgage comenzó a procesar documentos en masa, mediante una práctica conocida como “firma robotizada”. En muchos casos, GMAC Mortgage presentó ante los tribunales documentos firmados por Jeffrey Stephan. Stephan tiene a cargo un equipo de doce empleados en las afueras de Philadelphia. El Fiscal General del Estado de Ohio, Richard Cordray, presentó una demanda legal contra GMAC Mortgage, Stephan y contra el banco al que pertenece la firma GMAC, Ally Financial (una subsidiaria, a su vez, de General Motors).

Según un informe, Stephan debió procesar diez mil documentos relacionados a juicios hipotecarios en un mes. Tomando en cuenta una jornada laboral de ocho horas, habría tenido que leer, verificar y firmar en presencia de un escribano aproximadamente un documento por minuto. Stephan admitió haber firmado documentos sin leerlos ni comprobar si efectivamente los propietarios habían caído en mora. Y Stephan fue sólo uno de los tantos “firmantes robotizados”.

Es importante tener presente que General Motors recibió 51 mil millones de dólares del rescate financiero pagado con dinero de los contribuyentes, que su subsidiaria GMAC recibió 16,3 mil millones y que la subsidiaria de Ally Financial, GMAC Mortgage, recibió 1.5 mil millones de dólares como “incentivo para la modificación de los préstamos hipotecarios.”

Por lo que, usted, como contribuyente, subsidió a un banco que ahora termina ejecutándole su propiedad de manera fraudulenta. Y, ¿qué recurso tenemos para enfrentar esto?

En febrero de 2009, la parlamentaria Marcy Kaptur aconsejó a los propietarios que forzaran a los prestamistas a presentar pruebas. Kaptur afirmó: “¿Por qué razón debería un ciudadano estadounidense verse desalojado en medio del frío clima de Ohio? Habrá 10 o 20 grados bajo cero. No se vayan de sus casas porque... ¿saben qué? ...aunque esas compañías aseguren ser beneficiarias de las hipotecas, si los abogados no pueden ver y tocar los documentos hipotecarios, es como si la hipoteca no existiera. Ya verán que esas compañías no pueden encontrar los documentos allá en Wall Street. Por todo esto le digo al pueblo estadounidense: ‘Ocupen sus propias casas. ¡No se vayan!’”

Aunque si se quedan en su casa, quien otorgó el crédito hipotecario podría entrar por la fuerza. Nancy Jacobini, del condado de Orange en Florida, estaba en su casa cuando oyó a un intruso. Aterrorizada, creyó que iban a robarle y llamó al 911. La policía determinó que, de hecho, el intruso era alguien enviado por JPMorgan Chase para cambiar las cerraduras. ¡Y Nancy Jacobini ni siquiera enfrentaba un juicio hipotecario!

La mayoría de los bancos que suspendieron las ejecuciones hipotecarias lo hicieron en veintitrés estados solamente, porque fue en esos veintitrés estados donde los tribunales emitieron sus fallos en relación a los juicios hipotecarios. Uno de los jueces que se ocupa de las ejecuciones hipotecarias es Arthur Schack, Ministro de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. El juez Schack fue noticia en los medios de todo el país por haber rechazado docenas de demandas de ejecución hipotecaria. Schack declaró al noticiero de “Democracy Now!”: “Mi trabajo es hacer justicia… Hay demandas por ejecuciones hipotecarias que apruebo, para ello, quien otorgó el préstamo debe hacer tres cosas: debe demostrarme que hay una hipoteca, que es beneficiario de esa hipoteca a la fecha de inicio del juicio y que hay un deudor que ha caído en mora. El mayor problema para estas compañías parece ser el poder comprobar que son beneficiarias de la hipoteca a la fecha de inicio del juicio. Y es entonces que nos encontramos con muchos problemas a la hora de verificar la asignación de hipotecas, nos encontramos con declaraciones juradas de mérito dudosas y, en general, con papeleo administrativo desordenado.”

Bruce Marks dirige NACA, una asociación sin fines de lucro que funciona a nivel nacional y ayuda a las personas a evitar la ejecución hipotecaria. Marks me dijo: “Cuando el Presidente Obama hacía su campaña como candidato a presidente dijo que una de las primeras cosas que haría sería imponer una moratoria de las ejecuciones hipotecarias. Nunca lo hizo. Nunca apoyó la reforma de la ley de quiebras para que la gente tuviera derecho a presentarse ante un juez de quiebras. Y ¿de qué lado está el Presidente Obama cuando dice: ‘Bueno… lo que pasa es que… no queremos decepcionar al mercado.’? ¿Lo que tiene de bueno el mercado es que cuando se ejecuta la hipoteca de alguien y al lado viven personas que pagan su hipoteca, queda un edificio disponible, o queda un edificio en propiedad de una compañía inversora que no tendrá consideración ni tomará en cuenta a los propietarios que habitan el edificio? Debe haber una moratoria a nivel nacional de las ejecuciones hipotecarias para darnos un margen de posibilidad de reestructurar las hipotecas, de hacer que sus pagos sean accesibles y de hacer que esta industria empiece a mirar a los propietarios como personas, como familias, como parte de la comunidad, y no como a bienes que les dan ganancias.”

Según Realty Trac, los bancos recuperaron la propiedad de 102.134 viviendas en el mes de septiembre, a grandes rasgos, una casa cada treinta segundos. Cada treinta segundos, los bancos –muchos de los cuales recibieron fondos del programa de rescate financiero del gobierno de Bush conocido como TARP y que podrían estar realizando maniobras fraudulentas– ejecutan el sueño de la casa propia de una familia estadounidense. Entretanto, GMAC informó que durante la primera mitad del año 2010 sus ganancias se han incrementado.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2010 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

De Tuskegee a Guatemala pasando por Nuremberg

Por Amy Goodman

La semana pasada se reveló públicamente que el gobierno de Estados Unidos expuso a la sífilis a cientos de hombres en Guatemala en el marco de macabras experimentaciones desarrolladas durante la década de 1940. Apenas salió a la luz la noticia, el Presidente Barack Obama telefoneó al Presidente de Guatemala Álvaro Colom para disculparse. Colom calificó las experimentaciones de “una violación de los derechos humanos increíble”: “Es una violación de derechos humanos increíble pero ahí está y hay que afrontarla... y vamos a hacer todo lo necesario para que podamos aclarar lo más rápido posible qué profundidad tuvo y qué efectos humanos tuvo, que a nosotros nos interesan los afectados fundamentalmente y como estado pues obviamente... indignados... y si hubiese autoridades del pasado involucradas también se va a decir.” Colom afirmó además que su país evalúa la posibilidad de llevar el caso ante una corte internacional.

Las revelaciones surgieron a raíz de una investigación llevada a cabo por la historiadora médica Susan Reverby, del Wellesley College, acerca de los tristemente célebres estudios de Tuskegee sobre la sífilis. Los dos antiguos proyectos de investigación del gobierno estadounidense en Tuskegee, Alabama y Guatemala (nocivos por igual) son espejo el uno del otro. Ambos muestran a qué extremo se puede ignorar la ética a fin de obtener conocimientos médicos y ambos nos recuerdan que la investigación médica necesita constante supervisión y regulación.

Reverby es autora del libro recientemente publicado “Examining Tuskegee,” una exhaustiva historia de la investigación sobre la sífilis conocida como “Estudios de Tuskegee”.

Tuskegee, en el estado de Alabama, se encuentra en el corazón del Sur Profundo estadounidense. Desde 1932, y hasta ser revelado por la prensa en 1972, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo estudios de largo plazo sobre los efectos de la sífilis cuando no es tratada. El estudio consistió en decirle a cuatrocientos hombres con sífilis que recibirían un “tratamiento especial” para su “sangre mala.” Sin que estos hombres lo supieran, se les administraban placebos inútiles, pero no la cura prometida y su debilitamiento, causado por la sífilis no tratada, fue estudiado durante décadas. En sus fases avanzadas, la sífilis puede ocasionar desfiguración, demencia, ceguera y dolor agudo crónico. Es una manera horrible de morir. Durante los años en que se desarrollaban estas experimentaciones, se descubrió que la penicilina curaba la sífilis.

Sin embargo, no se informó a los hombres de la posible cura y se les negó tratamiento cada vez que alguno de ellos lo requería.

En Tuskegee, los hombres infectados no recibieron tratamiento. En Guatemala sucedió lo contrario.

Allí, los investigadores del gobierno de Estados Unidos infectaban con sífilis a los prisioneros y luego los trataban con penicilina para medir los efectos del antibiótico inmediatamente después de la exposición a la enfermedad. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y de esta manera es como el médico que encabezaba las operaciones, el Dr. John Cutler del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, intentaba infectar a los prisioneros. La historiadora médica Susan Reverby describió las experimentaciones de la siguiente manera: “Fueron a Guatemala porque la prostitución era legal en ese país y era legal además llevar prostitutas a las cárceles para servicios sexuales. Cuando no pudieron generar la infección al nivel esperado con el ingreso de prostitutas, comenzaron las inoculaciones y la manera en que funcionaron fue... En primer lugar la sífilis no es fácil... Hay una razón por la que es una enfermedad de transmisión sexual. No es posible simplemente sacar sangre a una persona con sífilis y pasársela a otra persona. De hecho, es necesario crear una vacuna. La bacteria que causa la enfermedad puede morir al tener contacto con el aire, es por eso que debe pasar a través de líquidos y fluidos corporales y es por eso que se transmite sexualmente. Crearon una vacuna utilizando las pruebas de campo con conejos que ya tenían la enfermedad. Raspaban o rasguñaban los brazos de personas en cárceles, asilos psiquiátricos y barracas del ejército. Utilizaron sus brazos, sus mejillas, además buscaron hombres, y francamente esta parte me resulta completamente increíble y hace que todo parezca parte de una película clase B, encontraron hombres con prepucios largos, tomaban sus penes, retiraban el prepucio hacia atrás, raspaban el glande y aplicaban la vacuna por medio de un pequeño trozo de algodón con gaza, un apósito. Hacían esto durante una hora y media o dos horas con la esperanza de que la infección se transmitiera de esa manera.”

Procedimientos similares fueron utilizados con pacientes psiquiátricos y soldados.

Irónicamente, el estudio en Guatemala comenzó a desarrollarse en 1946, el mismo año en que los tribunales de Nuremberg por primera vez juzgaron a médicos nazis, acusándolos de llevar a cabo experimentos atroces con prisioneros de campos de concentración. La mitad de los acusados fueron condenados a muerte. Durante el proceso se creó el Código Nuremberg, que establece estándares éticos para la experimentación médica con humanos y la obligatoriedad del consentimiento informado. Pero, al parecer, a los investigadores estadounidenses no les importó Nuremberg.

El Dr. Cutler, responsable del proyecto de Guatemala, participó luego de los estudios de Tuskegee. En un documental de PBS “NOVA” de 1993 llamado “Engaño mortal” afirmó: “Era importante que no se los tratara, y no habría sido deseable seguir adelante y administrarles grandes dosis de penicilina para tratar la enfermedad ya que esto hubiera interferido con el estudio.” El Dr. Cutler murió en el año 2003.

El gobierno de Estados Unidos con frecuencia ha llevado a cabo experimentos sin consentimiento informado de los sujetos. A mujeres de Puerto Rico se les administró estrógeno a niveles de riesgo mientras se probaban las pastillas anticonceptivas.

En otras investigaciones, se inyectó plutonio a pacientes hospitalizados que no se habían ofrecido como voluntarios para estudiar los efectos de ese elemento en el cuerpo humano. Dow Chemical, Johnson & Johnson y las autoridades de la cárcel de Pensilvania expusieron a los internos a químicos, entre ellos a dioxinas, para probar sus efectos. Muchas de las personas sometidas a este tipo de experimentación han muerto o han visto sus vidas dañadas de forma permanente. Todo esto en nombre del progreso o de las ganancias.

Los investigadores se apuran a señalar que este tipo de prácticas son cosa del pasado y que han dado paso a lineamientos estrictos que aseguren el consentimiento informado de los sujetos. Sin embargo, se hacen esfuerzos para suavizar las restricciones en casos de experimentación médica en cárceles. Es necesario preguntarse qué significa “consentimiento informado” dentro de una cárcel, o en una comunidad pobre donde se utiliza el dinero como incentivo para “ofrecerse” como voluntario para una investigación. La investigación médica debería llevarse a cabo únicamente si respeta estándares humanitarios y cuenta con consentimiento informado y supervisión independiente, si es que las lecciones de Nuremberg, Tuskegee y ahora Guatemala tienen algún significado.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2010 Amy Goodman

Palabra de Antígona. Agenda Legislativa: militares fuero civil

Por Sara Lovera

El 1 de octubre mujeres organizadas se dispusieron a analizar cuáles son los temas de la agenda en beneficio de las mujeres. Hay uno, actual y candente que nos tendría que hacer reflexionar. Esta agenda debía ser, de manera central, atajar la violencia institucional contra las mujeres, como la ocasionada por el funcionamiento de las policías y militares.

Hace una semana, los senadores - encabezados por Manlio Fabio Beltrones-, señalaron que el gobierno mexicano debía cumplir con los señalamientos de la Corte Interamericana para sacar del Código Militar la interpretación de que los militares sólo deben ser juzgados por una Procuraduría Militar, aún cuando cometan delitos del orden civil, lo que viola la Constitución.

Bastaría leer el artículo 13 de la Constitución , que señala claramente que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero y subsiste el fuero de guerra por delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y, por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejercito. Hay más: “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda”.

El mandato constitucional es tan claro que sólo provoca ira saber que en las quejas, a través de mecanismos nacionales e internacionales de abusos militares, no a paisanos sino a paisanas, rebasa media centena y hasta ahora persiste una impunidad que lacera.

Pero se ve con frecuencia que hay fiebre por legislar, llovido sobre mojado, sin mirar lo esencial e irse al bosque sin mirar la rama. Para qué necesitamos tantas leyes, reacomodos, mejoras, si la Constitución es tan clara.

En el Congreso hay al menos tres iniciativas documentadas para que los militares respondan por delitos del orden común y penal como civiles, porque ninguna acción militar puede justificar el abuso a las mujeres.

Así también, una centena de modificaciones para perfeccionar leyes en materia de violencia contra las mujeres circulan desde que Griselda Álvarez -la primera gobernadora del país, al final de los años 70-, puso el acento en que había que pasar del horror de considerar como mucho peor, el robo de una vaca que la violación a una mujer.

Hay ordenamientos estatales, como el de Quintana Roo, que todavía dicen eso; las modificaciones urgen en los Estados o habría que hacer uso del 133 constitucional, para hacer efectiva la Convención Interamericana paraPrevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer , mejor concida comoBelénm do Pará, que México ratificó desde 1994.



Hoy sabemos que el estado de violencia circula y se pega como una hidra en el país, lo que hace prioritario detener el horror, donde las violaciones a manos de integrantes del ejército son ciertas, insostenibles, inaceptables y se mantienen impunes.

Se conocen, se han documentado al menos 20 casos que no significan 20 personas, sino muchas más. Solamente en 1978, 18 mujeres fueron violadas en la región Triqui de Oaxaca; tres en Altamirano, Chiapas, en abril de 1994; otras en San Cristobalito en 1995; en Lagos de Montebello en 1995 por hablar de Chiapas, pero está el caso de Soledad Atzompa, Veracruz, cuando en 2007 fue violada Ernestina Ascencio, quien murió a causa de ese atropello; también está la denuncia de dos adolescentes violadas en Ciudad Lerdo, Durango, en 1998, a manos de militares de la VI Zona Militar.

Desgraciadamente estos casos, documentados, sostenidos, tramitados en los espacios nacionales e internacionales, no han recibido la visibilidad necesaria y la batalla por la justicia empieza a significar alguna respuesta.

Todo esto viene a cuenta, porque el 1 de octubre pasado, cuando sesudamente se veía qué hay que hacer, se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002; la primera en Barranca de Bejuco y la segunda en Barranca de Tecuani.

Evidentemente esta sentencia condenatoria se suma a la surgida por el asesinato de varias jovencitas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En breve se conocerá oficialmente la primera sentencia relativa a la violación de mujeres a manos de elementos del ejército y debiera, esperamos, como la del Campo Algodonero significar que en lo inmediato el Congreso resolverá las iniciativas que obran en sus archivos para de una vez juzgar en tribunales civiles decenas de casos que han sido documentados, como decía, desde 1956, entonces con el justificante de la guerrilla y hoy con el del narcotráfico.

Las denuncias de hechos similares han sucedido, según la investigación de numerosas organizaciones sociales y periodísticas en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Veracruz.

Por supuesto que no puede desdeñarse el comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), en el que resaltan que las sentencias fueron notificadas este viernes pasado y que significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas”, quienes han mantenido su acusación desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.

Querella similar existe desde 1994, por el atropello a las indígenas Tzeltales, que también atiende Cejil y que comenzó la abogada Martha Figueroa.

El Estado Mexicano se rehusó sistemáticamente a reconocer el abuso de los militares que entonces habían cercado a cientos de comunidades en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

La sentencia por los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú ocuparan miradas y comentarios, porque la Coidh considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial”.

Este tribunal, estima que México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales, aunque la Ley General y sus similares en casi toda la República , se refieren a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, por supuesto que está armonizada al derecho internacional.

Lo grave es que no se cumpla ninguna de las dos aristas y se sabe “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.

Lo importante es ir más allá. Las legisladoras debían concentrarse en hacer valer los contornos que ofrece la sentencia, no sólo en lo que se refiera a la reparación de daño para Inés y Valentina, sino sacar a relucir las denuncias históricas; las que están documentadas en la misma Corte; las archivadas en numerosas organizaciones de derechos humanos y no quitar el dedo del renglón: el ejército en la calle es un peligro real para las mujeres.

Es de aplaudirse la tenacidad de Cejil, que en forma sistemática e inteligente ha logrado armar un expediente tan contundente que la Corte actuó y ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir. Estos documentos siempre dicen eso. Lo grave es que ocurre, sigue pasando, a la vista de todas y todos, sin posibilidades de juzgar a los culpables.

Al cierre de este escrito, la Secretaría de Gobernación ya había emitido un comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano. Lo de siempre.

El FBI y la criminalización de la disidencia

Por Amy Goodman

La madrugada del viernes 24 de septiembre, en las ciudades de Chicago, Minneapolis y St. Paul, agentes del FBI irrumpieron violentamente a punta de pistola en varios hogares de activistas contra la guerra, y pasaron horas requisándolos. El FBI confiscó computadoras personales y portátiles, fotografías y otros efectos personales. Los activistas recibieron citaciones para comparecer ante un gran jurado en Chicago. Se trata del más reciente incidente en la actual ofensiva contra la disidencia en Estados Unidos, que persigue a activistas por la paz acusándolos de apoyar a “organizaciones terroristas extranjeras”.

Coleen Rowley conoce bien al FBI. Fue la agente especial de carrera del FBI que reveló las fallas de la Oficina en la etapa previa a los atentados del 11 de septiembre. La revista Time la nombró “Persona del Año 2002”. Días después de los allanamientos en su ciudad natal, Minneápolis, me dijo: “No es la primera vez que se ve esta escena orwelliana de orientar la guerra contra el terrorismo hacia grupos pacifistas y de justicia social de Estados Unidos. De hecho esto comenzó inmediatamente después del 11 de septiembre y hubo dictámenes jurídicos y de la Oficina del Consejero Jurídico que decían que la Primera Enmienda ya no controla la guerra contra el terrorismo. Pero aún así, es alarmante que, en este momento, nuestros grupos humanitarios estén siendo tratados como de algún modo defensores de terroristas”.

La casa de Jess Sundin fue una de las allanadas. Jess fue la principal organizadora de la marcha contra la guerra en St. Paul, Minnesota el Día del Trabajador de 2008, que tuvo lugar cuando comenzaba la Convención Nacional Republicana. Describió el allanamiento: “El viernes por la mañana me desperté al escuchar que golpeaban fuertemente mi puerta. Cuando bajé las escaleras, había seis o siete agentes federales dentro de mi casa, donde mi pareja y mi hija de seis años ya estaban despiertos. Nos dieron la orden de allanamiento y revisaron toda la casa. Pasaron probablemente cuatro horas revisando todos nuestros efectos personales, cada libro, papel, nuestra ropa. Llenaron varias cajas y cajones con nuestras computadoras, teléfonos, nuestros pasaportes. Y cuando terminaron, como dije, tenían muchas cajas llenas con mis objetos personales y se los llevaron”.

Cuando ingresaron por la fuerza en el hogar del activista Mick Kelly el fin de semana pasado, los agentes del FBI destrozaron la pecera que tenía en la entrada. El blanco del FBI esa mañana incluyó no solo a activistas contra la guerra, sino también a quienes apoyan activamente una política exterior diferente hacia Israel-Palestina y Colombia. En el allanamiento de Kelly, el FBI buscó todos los registros de sus viajes, no solo a esos países, sino también de todos sus viajes dentro de Estados Unidos desde 2000, y todos sus contactos personales.

Nadie fue arrestado luego de estos allanamientos. Nadie fue acusado de ningún delito. Días más tarde, cientos de manifestantes protestaron frente a las oficinas del FBI en todo el país.

Los allanamientos sucedieron apenas días después de que el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara un informe titulado “Revisión de las investigaciones del FBI sobre grupos nacionales de apoyo a diversas causas”. El inspector general investigó la vigilancia e investigación del FBI de, entre otros, el grupo ambientalista Greenpeace, People for the Ethical Treatment of Animals (Gente por un Trato Ético a los Animales), y el Centro Thomas Merton de Pittsburgh.

El Centro Merton fue fundado en 1972 con el objetivo de apoyar la oposición a la guerra de Vietnam, y continúa siendo un centro focal del activismo contra la guerra en Pittsburgh. En 2002, el FBI espió una manifestación organizada por el Centro, afirmando que “personas vinculadas al terrorismo internacional estarían presentes”. Como informa el inspector general, esta afirmación fue un invento, que luego fue transmitida al Director del FBI Robert Mueller, quien la repitió bajo juramento ante el Comité Judicial del Senado.

La vigilancia ilegal habitualmente está a cargo de los llamados “centros de fusión”, los misteriosos centros de inteligencia transjurisdiccional de las “Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo”, que reúne a los cuerpos de policía federal, estatal y local, los organismos de seguridad nacional y agencias militares. Allí parece que es común colocar la etiqueta de “terrorismo interno” a los activistas.

Recientemente, el gobernador de Pennsylvania, Ed Rendell, tuvo que disculparse públicamente cuando se reveló que su Director Estatal de Seguridad Nacional, James Powers, había contratado a una empresa privada para investigar y distribuir información sobre grupos de ciudadanos involucrados en actividades lícitas. Los grupos, que se oponían a la extracción de gas natural mediante el método conocido como “fracturación hidráulica”, ambientalmente muy destructivo, fueron descritos como “extremistas ambientales”.

Su delito: proyectar el documental “Gasland”, ganador de un premio en el festival de Sundance.

El gobernador Rendell dijo: “Pido disculpas a los manifestantes contra la planta Marcellus Shale, pido disculpas a los contribuyentes que participaron en las protestas, pido disculpas al Festival del Orgullo Gay. Pido disculpas a todos los nombres que figuraban en esta lista”.

Volviendo a la situación en Minnesota, el estado ha sido obligado a liberar a otros ocho activistas, denominadados los “8 de la Convención Nacional Republicana”, que participaron en la organización de las protestas durante la Convención. Todos fueron arrestados en forma preventiva, antes de que comenzara la convención, y acusados de terroristas en virtud de la ley estatal de Minnesota. Desde entonces se retiraron todas las acusaciones de terrorismo en su contra (cuatro de ellos irán a juicio por otros cargos).

Todo esto sucede mientras el gobierno de Obama utiliza el miedo al terrorismo para procurar tener mayor autoridad para espiar a los usuarios de Internet y al mismo tiempo que sucede otro escándalo: El Departamento de Justicia también reveló esta semana que agentes del FBI hicieron trampa sistemáticamente en un examen que evaluaba el conocimiento de las reglas y procedimientos adecuados que rigen la vigilancia interna. Esto es más que tan solo un escándalo por hacer trampa. Se trata de las libertades fundamentales que son la base de nuestra democracia, el abuso de poder y la erosión de las libertades civiles.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2010 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 600 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.