Fuente La Jornada Michoacán
México es un país que no protege a sus mujeres; en la legislación nacional y estatal pese a que se contempla la práctica del aborto para ciertos casos como violaciones o que el producto venga con malformaciones congénitas, carecen de medidas de prevención y atención médica en los casos de aborto legal, por lo que no se contemplan medidas legales para regular las prácticas clandestinas, que constituyen un factor de riesgo e incrementan la morbilidad y mortalidad materna, señala un estudio realizado por la Secretaría de la Mujer, acerca del cuerpo legislativo mexicano sobre el tema del aborto.
El análisis señala que el Gobierno Mexicano firmó un convenio único en su tipo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar que existan medidas de prevención y atención médica en los casos de aborto legal. Dicha firma se dio en el contexto del escándalo desatado por el caso de Paulina, niña violada que no tuvo acceso a ese derecho, por la negativa de autoridades del estado de Baja California.
Por su parte, el abogado Pedro Morales Aché, fundador del Colegio de Bioética A.C. en México y litigante especializado en temas de salud y derechos humanos, destacó que el cambio en las constituciones de siete estados de país para dar personalidad jurídica al producto de la concepción y criminalizar el aborto, y la publicación de una Norma Oficial Mexicana que condiciona la interrupción del embarazo a menores de edad víctimas de violación, son resultado de la campaña nacional de la derecha para restringir los derechos de las mexicanas.
Asimismo, México ratificó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), hace 25 años, que en su artículo 12, párrafo primero establece que: los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios médicos, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.
Cabe destacar que el propio Comité de las Naciones Unidas que da seguimiento a la aplicación de la CEDAW emitió su Recomendación General Número 24, en la cual se establece: “Las medidas tendientes a eliminar la discriminación contra la mujer no se considerarán apropiadas cuando un sistema de atención médica carezca de servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer. La negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria. Por ejemplo, si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar esa clase de servicios por razones de conciencia, deberán adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicio”.
Por el otro lado, en los casos de la presentación del quinto y sexto, informes periódicos de México al comité de la CEDAW, el grupo de expertas hicieron las siguientes recomendaciones en 2002, el Comité observa con preocupación la alta tasa de mortalidad derivada de la maternidad, en especial, en aquellos casos derivados de abortos clandestinos en adolescentes, y la insuficiente educación, difusión, accesibilidad y oferta de todos los métodos anticonceptivos, especialmente entre las mujeres pobres de las zonas rurales y urbanas, así como en los adolescentes. Asimismo, el comité nota con preocupación el incremento de VIH/SIDA entre los adolescentes, especialmente entre las mujeres.
“El Comité se encuentra muy preocupado por los índices de mortalidad materna, particularmente los de las mujeres indígenas, debido a la insuficiente cobertura y acceso a los servicios de salud, incluyendo el cuidado de la salud sexual y reproductiva. El aborto todavía es una de las principales causas de muerte materna, a pesar de la legalización del aborto en casos específicos, las mujeres no tienen acceso a servicios de aborto seguros, ni a una gran variedad de medidas anticonceptivas, incluyendo la anticoncepción de emergencia. El Comité está también preocupado por los esfuerzos insuficientes para prevenir los embarazos de las adolescentes”, publica en 2006.
El CEDAW instó al gobierno de Vicente Fox a extender la cobertura de los servicios de salud, incluyendo los dedicados al cuidado de la salud reproductiva y los servicios de planificación familiar, y dirigir sus esfuerzos a garantizar el acceso de las mujeres a dichos servicios.
El Comité urgió al foxismo que pusiera en marcha una estrategia integral que deberá incluir medidas para garantizar el acceso efectivo a abortos seguros en las situaciones previstas en la Ley y una amplia oferta de medidas anticonceptivas, incluyendo la anticoncepción de emergencia, campañas de difusión y sensibilización acerca de los riesgos de los abortos inseguros, a nivel nacional, sobre los derechos de las mujeres dirigida en particular al personal de los servicios de salud, así como al público en general. Sin embargo el primer gobierno panista del país desoyó las recomendaciones, trató de evitar la anticoncepción de emergencia.
Situación en Michoacán
El Código Penal de Michoacán establece en su artículo 290 y 291 los casos en los que no será punible el aborto:
Artículo 290.- No es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada o cuando sea resultado de una violación.
Artículo 291.- No se aplicará sanción, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un daño grave a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico especialista en la materia, siempre que esto fuere posible y no resulte peligrosa la demora.
Lo anterior significa que la mujer que aborte por estas circunstancias no le podrá ser imputable el delito de aborto y por lo tanto ser procesada. Sin embargo la iniciativa de ley antiaborto presentada por la bancada panista buscará reformar el Código Penal y criminalizar a las mujeres que aborten, aún aquellas que han sufrido una violación.
En los artículos 290 y 291 del Código Penal se establecen las excluyentes de responsabilidad penal para la interrupción del embarazo, las cuales están orientadas a contribuir en la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad materna, así como a reducir el número de familias desintegradas y la injusticia social, que afecta sobre todo a las clases sociales más desprotegidas.
La estrategia el PAN
Es una estrategia planeada y es claro que detrás de la redacción de estas leyes, aprobadas en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora está un grupo reestructurado de abogados de la ultraderecha mexicana, coordinados por Provida, afirmó el abogado Pedro Morales Aché, fundador del Colegio de Bioética AC en México y litigante especializado en temas de salud y derechos humanos.
En todas las iniciativas de ley y las leyes ya aprobadas en ese sentido hay cierta afinidad argumentativa, y tienen que ver con la posición de los ministros conservadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, detalló el también abogado en el sitio de Internet del Grupo de Información en Reproducción Elegida.
Las reformas en los siete estados, destacó, “más que proteger la vida desde la concepción, pretenden desconocer los derechos de las mujeres para que tengan derechos de segunda categoría y lo que está en juego es cómo el sistema jurídico mexicano caracteriza a las mujeres”, alertó.
El absolutismo jurídico
Las iniciativas del Partido Acción Nacional, apoyadas por legisladores del Partido Revolucionario Institucional en la mayoría de los casos donde se ha aprobado la Ley Antiaborto, modificaron las constituciones de siete estados privilegiando solo la protección de la vida en gestación.
Sin embargo, señala Morales Aché están también los derechos fundamentales de las mujeres. Y como en el ámbito legislativo, es imposible alcanzar consensos básicos sobre el tema, se deben utilizar esquemas de democracia constitucional para dirimir el conflicto ideológico, como pasó en Alemania, España, Estados Unidos, Francia e Italia.
En esos países, a pesar de que es un tema también problemático, por las connotaciones ideológicas y “los posibles costos electorales que suelen atribuirse a una toma de posición sobre el tema”, fue posible llegar a soluciones, considerando la importancia tanto de los derechos fundamentales de las mujeres como de la protección de la vida en gestación.
En esos países, dice Morales Aché, se consideraron los derechos fundamentales de las mujeres y de la protección de la vida en gestación. No puede prevalecer uno sobre otro, ya que sería inconstitucional tanto la penalización absoluta como la despenalización absoluta.
Esos países resolvieron que en el caso de que exista un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, no existe un límite temporal alguno para considerar constitucional el aborto sin ningún límite temporal (de gestación). En todos los demás casos se otorgó un papel relevante a la temporalidad de la gestación, de tal forma que existe un plazo, generalmente hasta la 12 semana del embarazo -como en el caso de la Ciudad de México- dentro del cual prevalecen los derechos constitucionales de las mujeres.
Pero existe otro plazo diverso, que corresponde al último trimestre del embarazo, dentro del cual se fortalece la protección del concebido y no nacido, restringiendo los derechos de las mujeres. Esos países excluyen la posibilidad de que la mujer que accede a la interrupción legal sea calificada como delincuente, “y se ha rechazado la caracterización de la mujer como un mero instrumento cuyo destino fatal es la reproducción”, señala el abogado.
Pero no es ese el sentido de lo aprobado en siete entidades del país, donde se afirma la idea de que el aborto es un crimen, aunque se planteen excepciones, como en Durango y Sonora.
Por eso, -destacó Morales Aché- “la vía idónea para contrarrestar estas reformas es la inconstitucionalidad, como la promovida en Baja California por el ombudsman Francisco Sánchez Corona, el pasado enero, pues se eliminaron causales para permitir la ILE en casos de violación y malformación del producto”.
